Hay dos temas entrelazados en el asunto del videoclip de la canción "Fuiste mía", del cantante Gerardo Ortiz, en donde se asesina a un hombre y a una mujer; uno con implicaciones nacionales y el otro con implicaciones más bien locales: primero, la incitación de odio y violencia en contenidos mediáticos; segundo, el uso de recursos públicos para fines particulares.

El enfoque en el uso de recursos públicos para fines particulares y que promocionan la violencia ha provocado respuestas mixtas de autoridades: el gobierno del municipio de Zapopan mostró oportunumante que rechazaron la petición formal realizada por la productora para obtener el apoyo de la policía en la realización de este videoclip, pero esto no ha parado la desconfianza de personas y comentaristas que señalan el necesario involucramiento de comandantes que debieron estar enterados y los nexos de la finca donde se grabó el video con actividades delictivas.

En cuanto al contenido del videoclip, la representación artística de delitos y violencia no puede ser censurada por el Estado sin que se dé un debate amplio alrededor de las preguntas de cuáles son los efectos de los medios y en qué consiste el incitar a conductas violentas o criminales. Hoy en día estamos lejos de los modelos teóricos de efectos directos de los contenidos sobre los comportamientos de las personas; tras décadas de investigación las suposiciones iniciales han dado paso a formas más sofisticadas de pensar en la relación entre medios y violencia.

El video en cuestión resulta particularmente chocante, hay que reconocerlo, por la forma en que glamuriza los actos criminales y por la ausencia de un castigo claro al final de la historia: a pesar de tener a fuerzas del orden como personajes, los productores prefirieron concluir con un primer plano del rudo protagonista dejando atrás tranquilamente una escena del crimen sin que policías hagan algo. (En ese sentido, no se le puede acusar de falta de realismo.)

Es, en otras palabras, un caso extremo de obra artística que generó rápidamente un consenso acerca de lo inapropiado que resulta su exhibición. El problema es que otros videoclips, otros contenidos, no generarán una respuesta tan uniforme. Al clamar por la prohibición de "los narcocorridos" o de "los contenidos violentos" nos llevamos de corbata a contenidos que no deben ser prohibidos, puesto que son formas de expresión cultural (ojo: ¡aunque no nos gusten!) e incluso pueden aportar al debate (o iniciarlo, como en este caso). Deben por esa razón ser discursos protegidos. Pienso, por ejemplo, en la película El infierno. O qué hay del enorme Contrabando y traición. ¿También los prohibimos?

Otra cosa diferente es la regulación de los contenidos pertinente a cada sector de medios (y siempre de forma subordinada a constitución y tratados), así como la autorregulación de medios de comunicación, agencias publicitarias y espectáculos. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece ciertas reglas acerca de cómo deben ser los contenidos radiodifundidos en territorio nacional. El problema es que Youtube nos ha alcanzado y nuestras normas no tienen jurisdicción en sitios de internet de empresas transnacionales. Una ironía, además, pues la petición de miles de usuarios en Change.org no mueve al gigante para etiquetar este videoclip como contenido para mayores de 18 años, mientras que hace unos años el Gobierno del Estado de Jalisco logró de un plumazo que Youtube bajara el video ciudadano que criticaba el proyecto de la vía exprés alegando (de manera incongruente) la violación de derechos de autor.

Por tanto, desde mi punto de vista los esfuerzos no deben ir hacia la intervención estatal y la Segob (¿¡cómo es que hay gente que añora la década de 1970 y el intervencionismo de esta órgano gubernamental!?). Los esfuerzos deben ir hacia empujar a creadores y diseminadores al autocontrol y la autorregulación. El videoclip no fue hecho por una sola persona: decenas de individuos participaron aprobando, en mayor o menor medida, su contenido, probablemente bajo la consigna de que there's no such thing as bad publicity ("no hay tal cosa como la mala publicidad"). Pero sin pensar, eso sí, en los posibles (necesarios) boicots, cancelaciones de contratos, rechazo y pérdida de dinero que este caso podría generar a los creadores si la sociedad lo exige de manera clara y rotunda a los medios de comunicación y los organizadores de espectáculos.